Nuestro amada tierra padece como nunca la inseguridad: en catorce meses ha habido más de dos mil ochocientas ejecuciones. Se han incrementado las violaciones a mujeres por hombres armados; los secuestros, extorsiones, asaltos, robos de vehículos. Directa o indirectamente la mayoría de las familias chihuahuenses han sido víctimas del delito.
Chihuahua es territorio de impunidad. La violación al estado de derecho constituye una larga cadena de agravios en la que destacan el feminicidio, la corrupción política, la no rendición de cuentas de los altos funcionarios públicos y ahora, la cancelación de facto de las garantías individuales y de los derechos humanos como producto de la invasión militar al estado.
La oportunidad para resolver estos complejos problemas se dejó pasar: sin hacer nada por solucionarlos de fondo. Los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal han sido inútiles e ineficaces para erradicar la violencia que ahora padecemos.
La militarización ha sido la única estrategia que los gobiernos federal y estatal han implementado para atacar la inseguridad pública. El Operativo Conjunto Chihuahua ha fracasado; pues lejos de reducir las ejecuciones y los delitos federales o del fuero común, los ha acrecentado.
La subordinación de las autoridades civiles a las militares —protegidas por el inadmisible privilegio del fuero castrense— hace evidente la cancelación de la división de poderes, que ha llevado a la suspensión de los derechos humanos y las garantías individuales, contraviniendo la Constitución General de la República. La militarización pone en grave riesgo la viabilidad de nuestra incipiente democracia.
La crisis económica y social sorprende a los gobiernos sin capacidad real para encararla porque permanecen fieles a los esquemas neoliberales depredadores, generadores de pobreza y atraso. Chihuahua vive una contradicción que revela un régimen de privilegio: en un polo están los dueños del estado, la vieja oligarquía monopolizadora del poder y la riqueza, carente de responsabilidad, con un obtuso discurso empresarial. En el otro, amplios espacios territoriales y sociales en situación de pobreza y pobreza extrema que reconocen los organismos internacionales pero que aquí se oculta.
El campo esta en crisis, el desempleo y la precarización del trabajo son galopantes, los servicios educativos y de salud son de mala calidad e inaccesibles para muchos. Se construyen cifras récord de viviendas, pero con el propósito primero de lucrar, no para crear espacios dignos que favorezcan la convivencia armónica de las familias.
En este marco, se percibe un creciente desinterés por las elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se les ve como ajustes para que las altas burocracias de la estructura del poder sigan repartiéndose el poder. Para sólo representarse a sí mismas, postergando los más altos y urgentes intereses de la población.
La derecha pretende convertir las elecciones en un plebiscito aprobatorio de la militarización, problema al que han dado la espalda sus candidatos.
Manifestamos que la militarización en curso aprovecha el combate al crimen organizado para penalizar la protesta social. Y si bien puede, durante muy corto tiempo, cambiar la percepción de inseguridad de la población, no es eficaz para construir las bases de la paz duradera y, en estricto rigor, de la seguridad pública a la que aspiramos todos quienes vivimos en Chihuahua.
Convencidos de que los derechos humanos elevan la dignidad de las personas y responsabilizando a todos los niveles de gobierno, por el riesgo que padecen los derecho-humanistas, exigimos:
a) El restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de la República, base del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la división de poderes que asegura las garantías individuales y sociales.
b) Alto inmediato a la militarización —en los hechos es un Estado de sitio— que ha destruido la institucionalidad constitucional, transfiriendo facultades del Congreso de la Unión y de los poderes locales a las fuerzas castrenses, que se escudan en sus fueros y fuerzas para vejar y torturar.
c) Puesto que los soldados ya están en nuestras comunidades, exigimos de los poderes civiles el establecimiento de una hoja de ruta que registre —día a día— la desmilitarización, plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles y se ponga la seguridad en manos de civiles creando cuerpos de policía eficientes, profesionales, honrados y confiables. O sea que se cumpla el artículo 21 de la Constitución General, ahora bajo un esquema diseñado y controlado por la sociedad civil a la que convocamos para la generación de alternativas de rescate del Estado de Derecho.
d) Diseño e implementación de una política de Estado para el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas ilícitas que contemple todas sus aristas: financieras, lavado de dinero, fiscales, internacionales, tráfico de armas, colusión del poder, corrupción política, salud pública y diseños de inteligencia que demuestren que no sólo se pretende gobernar al crimen, sino combatirlo de fondo, excluyéndolo drásticamente de todas las esferas de gobierno.
e) Aplicación de una política anticrisis para remediar las grandes necesidades sociales que vive nuestro pueblo. En particular, promover una red de solidaridad chihuahuense para atender las necesidades de los mas pobres y demandar medidas de protección universal en torno a la seguridad social y la educación; así como un programa emergente de desarrollo social cuya ausencia en Chihuahua ha propiciado el desgarre del tejido social, la drogadicción, la agresión a la cultura y la delincuencia.
Nos comprometemos a iniciar una nueva lucha: crearemos un Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Legalidad que dé cuenta de manera objetiva e independiente de la situación predominante en nuestro estado en este aspecto, la conteste y la resista con el apoyo social de la ciudadanía. Abriremos espacios y canales para informar a la sociedad chihuahuense de lo que sucede en este ámbito y pueda presentar sus denuncias y sus opiniones.
Nuestra lucha llegará a todos los rincones del Estado, la capital de la República y las principales metrópolis del mundo a donde llevaremos la noticia de lo que pasa en México y en Chihuahua.
Una guerra sin fin no la gana nadie. No la gana México.
Chihuahua, Chih., 29 de marzo del 2009.
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